Dos eventos recientes deberían profundizar la conversación sobre los alcances del e-procurement en la contratación estatal en Colombia.

Primero, desde el pasado 24 de mayo, Ecopetrol debe haber cargado toda la información de su actividad contractual en el SECOP II, conforme a la orden del Consejo de Estado al resolver una acción de cumplimiento promovida por la Fundación para el Estado de Derecho. El fallo le ordenó a Ecopetrol cumplir con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, en el sentido de publicar “los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractual”.

Esta decisión se suma a órdenes similares impartidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la Fiduprevisora y a la UNGRD. Y, con base en la misma regla jurídica, podrían imponerse obligaciones equivalentes a Satena, FONTUR, el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Multidonantes de la ONU, el Fondo Paz, y Positiva Compañía de Seguros, pues hay acciones similares en curso en contra de estas entidades exceptuadas del Estatuto General de la Contratación Pública.

Segundo, Colombia Compra Eficiente decidió no abrir el concurso de méritos No. CCE-CM-001-2025, con el que buscaba seleccionar al contratista encargado de diseñar, desarrollar e implementar una nueva plataforma de compras públicas, que reemplazaría el SECOP II, con un presupuesto cercano a los 24 mil millones de pesos. Con ocasión de la publicación de documentos preliminares del proceso de selección, la entidad recibió casi 700 comentarios de la ciudadanía y, en vista de que no tendría tiempo para analizarlos, decidió no seguir adelante con el proceso de contratación.

Eficiencia y transformación digital en la contratación pública

El e-procurement es el uso de las tecnologías de la información en todo el ciclo de compra de bienes y servicios, para los intercambios de las relaciones G2B (Government to Business). En el mundo hay casos exitosos de implementación de sistemas tecnológicos robustos, con los cuales se han conseguido reducciones significativas en los costos de transacción y mejoras de trazabilidad para una mayor transparencia.

Y justamente los hechos a los que hacemos referencia fortalecen la discusión sobre e-procurement. No sólo por la vinculación al ecosistema de empresas exceptuadas del régimen jurídico del Estatuto General de la Contratación Pública como Ecopetrol —aunque el SECOP II sea, por ahora sólo una herramienta de publicidad para ellas—, sino también por el valor que puede tener esta coyuntura para alinear expectativas y prioridades alrededor de la renovación tecnológica del sistema de compras públicas.

En esta conversación, el sector privado tiene un papel clave. Las empresas privadas tienen una comprensión privilegiada de la eficiencia en los negocios y pueden aportar experiencias e ideas valiosas para construir una contratación pública más estratégica, especializada y orientada al valor.

Es claro que temas como la participación de la economía popular o los mecanismos anticorrupción han ganado protagonismo en la agenda pública. Aun así, parece ser un buen momento para reforzar la participación empresarial e incidir positivamente en el diseño del sistema desde la legítima visión de la eficiencia privada.

Un sistema de compras públicas eficiente atrae inversión, promueve la especialización y la competencia, y genera valor por dinero. Un sistema
de compras públicas sostenible, transparente y eficiente, no sólo es posible sino también conveniente para el interés general.

Por eso, la eficiencia debe hacer parte de la conversación como uno de sus hilos conductores. Las empresas privadas están llamadas a liderarla
desde su experiencia práctica, para construir un sistema de contratación pública estratégico, de generación de valor y optimización de recursos, que
funcione a partir de una plataforma electrónica transaccional, confiable e interoperable.

Para el sector privado en Colombia, asumir la transformación hacia el e-procurement es una decisión estratégica para construir una ventaja competitiva. La contratación pública digital exige una mirada prospectiva que implique revisar procesos internos, fortalecer las capacidades de las empresas para intervenir en procedimientos contractuales más dinámicos y, también, más exigentes en materia de competitividad.