TRANSICIÓN ENERGÉTICA, ¿EN QUÉ VAMOS Y QUÉ NOS FALTA?: LOS AVANCES DEL HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO EN COLOMBIA, EN MATERIA JURÍDICA

La transición energética es un asunto cuya importancia ha aumentado en los últimos años, dadas las alertas sobre el cambio climático y el riesgo que representa para la vida. Muchos estados se han comprometido con la reducción de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y han implementado diferentes estrategias para lograr este cometido. Colombia no es ajena a este compromiso y evidencia de esto es la Hoja de Ruta del Hidrógeno propuesta por el Ministerio de Minas y Energía a finales de 2021.

La Hoja de Ruta pretende incentivar el uso de fuentes de energía renovables no convencionales, específicamente, del hidrógeno como vector energético, propendiendo por una transición que repare sobre las distintas consideraciones ambientales y sociales, especialmente en las poblaciones con mayor dependencia de la explotación de fuentes de energías no renovables. Esta Hoja de Ruta se desarrollará paulatinamente, con objetivos y metas claras para cada década, previstos para el período de 2020 a 2050.

Las bases para la implementación:

Los objetivos previstos para la década del 2020-2030 tienen el propósito de sentar las bases para la implementación del Hidrógeno como vector energético, tanto desde el aspecto jurídico, como en la implementación de la infraestructura necesaria para ejecutar las primeras aplicaciones en los sectores industriales y de transporte. La primera fase comprende cuatro pilares denominados “Habilitadores jurídicos y regulatorios”, “Instrumentos de Desarrollo de Mercado”, “Apoyo al despliegue de infraestructura” e “Impulso al desarrollo tecnológico e industrial”.

Los habilitadores jurídicos:

Los habilitadores jurídicos – punto al que me referiré exclusivamente – son los instrumentos que compondrán el marco regulatorio necesario para el uso del Hidrógeno en Colombia. Su desarrollo constituye la primera de las cuatro etapas citadas anteriormente y consta de cinco acciones particulares: i) establecer la taxonomía del vector energético, ii) crear su normativa técnica, iii) fijar sus garantías de origen y certificaciones; iv) establecer los mecanismos de apoyo para asegurar la competitividad del elemento; y v) estructurar la articulación institucional y asignación de responsabilidades.

Estas actividades fueron incluidas en la Ley 2099 de 2021 – también llamada Ley de Transición Energética; el CONPES 4075 de 2022 sobre Política de Transición Energética y en el más reciente decreto expedido por el Ministerio de Minas, el Decreto 1476 de 2022. Lo novedoso de éstos es la incorporación del Hidrógeno como una alternativa limpia para la transición energética, en consideración a las condiciones geográficas y climáticas del país.

Asimismo, con la expedición del Decreto 1476, el Gobierno Nacional cumplió con la tarea consistente en la estructuración institucional y asignación de responsabilidades. Este esfuerzo, no menor, pretende una estrategia de transición comprehensiva e interdisciplinaria y establece un plazo de dos años para que las entidades desarrollen sus respectivas tareas, esto es, hasta el 2023.

Retos cumplidos y por cumplir:

Pese al término con el que cuentan las entidades gubernamentales, de las cinco acciones requeridas para cumplir con la fase de habilitadores jurídicos, sólo dos han sido satisfechas plenamente hasta el momento.

La primera de las actividades cumplidas, como se ha visto, es la articulación institucional y asignación de responsabilidades que hizo el Gobierno Nacional por medio del decreto 1476, en cuanto delimitó y fijó las tareas, con el fin de que cada Ministerio y Agencia expida la reglamentación que le compete.

La segunda acción cumplida es la relativa al establecimiento de la taxonomía del Hidrógeno, en virtud de la ley 2099, que clasificó el elemento por fuentes de obtención (Hidrógeno gris, verde, azul, rosado, etc.) y, asimismo, a la luz de la Hoja de Ruta, que incluyó el análisis de las ventajas geográficas y climáticas del contexto colombiano, así como de los precios de producción y comercialización.

Por otro lado, en materia de normatividad técnica, continúa pendiente, por parte del Ministerio de Minas, fijar los niveles de seguridad de su utilización y distribución, regular las industrias y sectores autorizadas para su uso y reglamentar las características fisicoquímicas que debe cumplir para su consumo en diferentes ámbitos (doméstico, industrial, transporte, exportación, etc.), entre otras.

A la par, las certificaciones de origen y la fijación de las tarifas para su venta y distribución son asuntos retardados, especialmente, de cara a la primacía legal que tendrán los proyectos de fuentes de energías renovables no convencionales, y los beneficios económicos de los proyectos de Hidrógeno Azul y Verde, para maximizar su competitividad en el mercado energético, en busca de los mecanismos de apoyo para asegurar la competencia.

En fin, todas las acciones y actividades que ha emprendido el país son prueba de su compromiso con la lucha contra el cambio climático, la transición energética y el desarrollo económico del país. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para que el Hidrógeno sea una realidad en Colombia. Ojalá, el nuevo Gobierno continúe ejecutando acciones que avancen en esta dirección, con el fin que Colombia se reconozca como potencia energética a nivel mundial.

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