LA DIFÍCIL MORATORIA MINERA

Para cualquier gobierno, decretar una moratoria minera y sostenerla en las cortes no es una tarea fácil. La Constitución y las leyes que tenemos se escribieron con el propósito de que la minería fuera generadora de regalías para luchar contra la pobreza y la discriminación, y para lograr el desarrollo de las economías de las entidades territoriales, y hasta para financiar la “paz estable y duradera” con la que se soñaba hace unos años. Más aún, aunque parezca paradójico, según el artículo 361 de la Constitución, las regalías deben contribuir para alcanzar el “desarrollo ambiental”.

El camino de las dificultades para la moratoria ambiental comienza con el artículo 360 de la Constitución. Él señala que “La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables”. De modo que una moratoria minera requeriría, por lo menos, una ley del Congreso. No puede ser asunto de decretos ni resoluciones.

¿Y la ley de moratoria sería constitucional? Difícil afirmarlo. Porque los artículos 332 y 360 de la Constitución se afanan en indicar que el subsuelo es propiedad de la Nación y que la ley dirá cómo se explota, y que esa explotación debe producir ingresos. Suprimir sin más la fuente de tales ingresos sería, pues, en términos legales, un “detrimento fiscal”. Por mucho menos se activan las alarmas en la Contraloría y la Fiscalía.

Pero, en todo caso, aprobar la ley de moratoria minera exigiría hacer consulta previa con las “comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom o gitano, y de los pueblos y comunidades indígenas”. En efecto, tales comunidades tienen derecho a beneficiarse especialmente de las regalías, según el artículo 2, numeral 7, de la Ley 2056 de 2020. Y la Corte Constitucional ha dicho, desde la sentencia C-366 de 2011, al declarar inexequible una ley que modificaba el Código de Minas, que las leyes que afecten los derechos de tales comunidades deben ser objeto de consulta previa con ellas. Y no será tarea fácil convencerlas de que la disminución de las regalías que deben beneficiarlas les hará más fácil “vivir sabroso”.

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