“Para un sistema portuario, logístico y de zonas francas más eficiente, se debe armonizar la regulación, garantizar condiciones equitativas…”.

El 8º Congreso de Zonas Francas y Puertos, que inicia en Cartagena, es la oportunidad ideal para analizar las tendencias del sector y evaluar su desempeño.

Desde la Ley 1 de 1991, que estableció un nuevo marco regulatorio para el sector portuario, éste ha funcionado muy bien gracias a la combinación de reglas claras, sencillas y estables. Así, inversionistas privados se animaron a solicitar concesiones portuarias y a invertir en el sector. No obstante, hoy en día los puertos y zonas francas enfrentan desafíos desde el punto de vista jurídico, por lo que es relevante comentar algunos de ellos que puedan afectar la posibilidad de que haya más multimodalidad.

Primero, la necesidad de contar con una contraprestación portuaria que incentive el sector.  En efecto, un aspecto fundamental para mejorar la competitividad del sector es lograr que la contraprestación portuaria, esto es, lo que los concesionarios pagan al Estado por el uso de las zonas portuarias, se base en metodologías no inspiradas en propósitos rentísticos que terminen por asfixiar al sector. Inicialmente, la contraprestación se concibió como una retribución contractual por el costo de oportunidad para el Estado de no utilizar este recurso en otros fines. Sin embargo, con el tiempo ha evolucionado hasta ser considerado más bien como otra forma de obtener ingresos para el Estado, con reglas que lo asemejan a un tributo.

El reciente documento de política portuaria (Conpes 4118) contempla una revisión de este esquema, con la expectativa de concretar un sistema simple de contraprestación, que permita a los concesionarios actuales y potenciales expandir el negocio en beneficio del país. Pero, en particular, es fundamental que se creen normas que procuren, de manera voluntaria, que los concesionarios busquen una uniformidad de reglas y que no existan distorsiones que favorezcan unos puertos sobre otros, por lo menos sin una justificación constitucional.

Segundo, es fundamental para el país la adopción de normas que promuevan la intermodalidad, mayor inserción en cadenas de suministro globales y mejoras en la logística. Por ello, es prioritario fomentar que los nuevos proyectos férreos conecten con las carreteras, aeropuertos y puertos fluviales y marítimos. Sin embargo, la ley férrea avanza lentamente en el Congreso sin que proponga medidas importantes para incentivar la inversión en el sector férreo (proyecto Senado: 232/24). Proyectos importantes de concesión de red férrea, navegabilidad de los ríos importantes, o del Canal del Dique no parecen despegar.

A esto se suma que la legislación tributaria a veces privilegia, sin razón alguna, unas infraestructuras frente a otras. Un ejemplo de ello es que el Estatuto Tributario (Art. 25-c) otorga beneficios a los usuarios de los centros de distribución logística internacional ubicados en puertos fluviales de ciertos departamentos, pero los niega en otros, sin razón constitucional válida. Lo que requiere el país es que se facilite la intermodalidad y la inserción en la economía global, pero estas inequidades dificultan dicha intermodalidad.

Tercero, coordinación entre Autoridades: un desafío pendiente.  En materia de coordinación de las autoridades aún queda mucho por hacer. Sobre el sector pesa toda clase vigilancias, supervisión, control, regulación e inspección de entidades como la DIAN, Mintransporte, ANLA, ANI, Supertransporte y DIMAR.  Sorprendió que, hace un tiempo, a través de la Ley del Plan (Ley 2294 de 2023), se ampliara el número de empresas objeto de vigilancia por parte de la Supertransporte, a pesar de que ya eran vigilados por otros órganos del Estado. Afortunadamente ello fue declarado inexequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-438 de 2024). En ese sentido, es mejor que las autoridades coordinen la manera en que ejercerán sus facultades, como recientemente hicieron la Supertransporte y DIMAR con la Circular Externa 001 de diciembre de 2024.  Una práctica que deberían replicar las demás entidades.

En conclusión, para lograr un sistema portuario, logístico y de zonas francas más eficiente, es fundamental armonizar la regulación, garantizar condiciones equitativas para todos los actores y fomentar la intermodalidad. La competitividad del sector depende de normativas claras y de una colaboración efectiva entre autoridades. En este contexto, la eliminación de barreras tributarias y regulatorias son pasos cruciales para consolidar a Colombia como un hub logístico en la región.

https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/2025/04/02/puertos-y-logistica-avanzando-hacia-la-intermodalidad/