La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió recientemente un concepto técnico en el que recomienda objetar la integración empresarial entre Redeban, ACH Colombia y Credibanco. Se trata de una fusión por absorción mediante la cual Redeban asumiría el control total de las otras dos entidades, consolidando una sola estructura operativa en el ecosistema de pagos de bajo valor en Colombia.
La SIC, con un análisis detallado de las condiciones de mercado, la estructura de la operación, la información financiera, los comentarios de terceros y el marco regulatorio vigente, concluyó que la integración proyectada, en los términos en que fue planteada, presenta riesgos graves para la libre competencia económica. Por esa razón, recomendó expresamente objetarla, ya que la operación podría alterar sustancialmente la dinámica competitiva del sector, tanto en sus dimensiones horizontales como verticales.
Desde el punto de vista horizontal, la desaparición de dos competidores directos implica una pérdida importante de presión competitiva en segmentos sensibles como los roles de tarjetas, donde Credibanco tiene una posición destacada, y los roles de transferencia, donde ACH es el único operador de su tipo. Esto llevaría a que una sola entidad, Redeban, se convierta en actor dominante en todos los frentes operativos del SPBV.
El análisis de la SIC advierte también la existencia de riesgos derivados de la integración vertical. La operación permitiría que Redeban controle al mismo tiempo los servicios de procesamiento, compensación, liquidación y suministro de tecnologías para pagos electrónicos, es decir, toda la infraestructura crítica que habilita la conexión entre emisores, adquirentes, comercios y usuarios. Este control integral le otorgaría una posición estratégica que podría ser utilizada para restringir o dificultar el acceso de terceros a los sistemas de pago, imponer condiciones discriminatorias o simplemente reducir los incentivos para facilitar la interoperabilidad entre plataformas. Este riesgo se amplifica al considerar que muchos de los nuevos participantes del mercado, particularmente las Fintech, dependen de un acceso equitativo a estas infraestructuras para poder competir en condiciones razonables.
El documento técnico también identifica efectos colaterales, tales como el incremento de barreras de entrada para nuevos participantes, la reducción de incentivos para mantener tarifas competitivas y la posibilidad de afectar la interoperabilidad del sistema. Todo ello en contravía de los principios de apertura, neutralidad y eficiencia que la regulación busca promover.
Aunque la Superintendencia Financiera de Colombia tiene la competencia para autorizar, condicionar u objetar esta clase de operaciones entre vigilados, el concepto emitido por la SIC, aunque no es vinculante, tiene gran relevancia por su rigor técnico y su claridad en advertir un posible cambio estructural del ecosistema de pagos y por lo tanto debería ser atendido por la Superfinanciera.
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