El gobierno Petro ha quemado varios ministros y un poco más de tres años en presentar un proyecto de ley sobre servicios públicos y en encontrar 6 expertos para la CREG.
Pero al fin tenemos proyecto de ley sobre servicios públicos… Disque para la “regulación justa” y la “democratización del sector energético”. Pero el proyecto es malo y tardío. Es una pena, porque va siendo necesario adecuar los principios de las leyes 142 y 143 a los cambios tecnológicos y económicos del mundo y el país.
El proyecto trasladaría el costo pendiente de la “opción tarifaria” a los usuarios de los estratos 5 y 6, a los no residenciales y a los no regulados. Se trataría, pues, de un impuesto. Y no creo que esa propuesta resista el análisis de la Corte Constitucional, si alguna vez llega allá. La Corte, en la sentencia C-504 de 2020 (ponente Linares), ya dejó en claro que los fiascos de la supervisión y regulación en servicios públicos no pueden cobrarse a un grupo de usuarios por la vía de impuestos.
El proyecto no se refiere al más grande problema del sector: cómo lograr certidumbre y reglas tarifarias que induzcan a los particulares a prestar los servicios públicos en forma eficiente, mientras el Estado encuentra dinero para subsidiar a los usuarios más pobres.
El gobierno Petro, de hecho, ha obligado a los prestadores de los servicios a financiar el valor de los subsidios, pues no les paga. La trata casi peor que a las IPS o EPS del sector salud. Pero los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado; y, por lo tanto, también los subsidios son “gasto público social”. Y cuando la Constitución repite, en los artículos 350 y 366, que el gasto público social tendrá prioridad en el presupuesto, no es para que aparezca de primero en la Ley anual, sino para que ese gasto se haga a tiempo. No es un gasto aplazable y ni el Congreso ni el Gobierno pueden reducir las apropiaciones necesarias. El proyecto de ley no aporta nada en relación con este asunto. Y es claro que los recursos fiscales son escasos, por el exceso de gasto que ha caracterizado la política fiscal del gobierno Petro. Pero quizás se podría usar el presupuesto para las regalías, que rara vez se ejecuta completo, y financiar con él inversiones en servicios públicos en todo el territorio. Ello dejaría un margen en el Presupuesto de la Nación para pagar, a tiempo, los subsidios.
Por lo demás, el proyecto de ley se apega se apega al modelo de “estratos”, que debería ser revisado, y daría a los burócratas la facultad de reducir o no los porcentajes de subsidios que pueden otorgarse. Buena oportunidad para los corruptos.
El proyecto ampliaría el número de miembros de la CREG, con usuarios, académicos y sindicalistas. La CREG, en el pasado no ha sido una entidad eficiente: la morosidad ha sido uno de sus defectos. Tratar de cumplir múltiples objetivos por medio de las tarifas ha sido otro. Pero aumentar el número de sus miembros entrabará las decisiones. Y no se ve cómo las ampliaciones propuestas mejorarían la calidad de una tarea especializada, que debe dejarse a expertos.
El proyecto permitiría, además, que la CREG creara, a discreción, en las facturas, cargos adicionales a las tarifas para cumplir “fines solidarios” y “redistributivos”. Nadie informó al Gobierno que tales cargos tendrían la naturaleza de “impuestos”, y que, por eso, solo pueden ser fijados por el Congreso. Otra facultad, pues, para los corruptos, mientras la Corte Constitucional sale al rescate.
